¿Un Golpe a la Independencia Judicial?
En México, un conflicto entre los poderes surgió por la reforma judicial que propone elegir jueces por voto popular. El Comité de Evaluación suspendió sus funciones, y el Tribunal Electoral permitió al Senado seleccionar a los aspirantes por sorteo, sin revisar su idoneidad. Esto provocó la renuncia de los miembros del comité. Claudia Sheinbaum apoyó la decisión, afirmando que fortalece el proceso.
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La reciente reforma judicial en México, promulgada el 15 de enero de 2025, establece la elección de jueces mediante voto popular, generando un conflicto que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y desafía principios fundamentales de la Constitución. Este cambio, impulsado por el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldado por su partido, Morena, desplazó un sistema basado en la evaluación técnica y meritocrática para sustituirlo por un mecanismo que politiza la selección de jueces. Inmediatamente, surgieron críticas de la oposición, liderada por los partidos PAN, PRI y MC, así como de organizaciones de la sociedad civil y expertos jurídicos, quienes argumentaron que someter a los jueces al voto popular ponía en peligro su imparcialidad y los hacía vulnerables a las presiones políticas.
En respuesta a esta reforma, a partir del 18 de enero de 2025, se presentaron múltiples amparos por parte de colectivos ciudadanos, abogados independientes y asociaciones de jueces. Estos sectores argumentaron que el cambio violaba los artículos 17, 49 y 116 de la Constitución al comprometer la independencia judicial y desdibujar la división de poderes. Entre los jueces que otorgaron suspensiones cautelares destacó el juez federal Ricardo Mendoza, cuya decisión temporal frenó la implementación de la reforma mientras se resolvía su constitucionalidad. Este acto fue aplaudido por los sectores opositores al gobierno, quienes consideraron que defendía el orden constitucional.
El conflicto escaló el 22 de enero de 2025, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, liderado por el magistrado presidente Armando Cruz, intervino ante la paralización de las actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Este comité, integrado por cinco especialistas en derecho, tenía como función evaluar la idoneidad de los candidatos a jueces. Al considerar inviable su operación, el Tribunal decidió otorgar al Senado de la República, dominado por Morena y sus aliados, la responsabilidad de seleccionar a los aspirantes mediante un sorteo. Este método fue criticado duramente por opositores y expertos jurídicos, quienes denunciaron que se eliminaba cualquier revisión técnica y profesional, reduciendo el proceso a una cuestión de azar.
La situación se agravó el 25 de enero de 2025, cuando los cinco integrantes del Comité de Evaluación presentaron su renuncia. Los miembros, Wilfrido Castañón León, Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, Hortencia María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo, afirmaron en su dimisión que su trabajo había quedado sin sentido en un entorno donde su papel había sido desplazado por decisiones arbitrarias que no garantizaban la idoneidad de los futuros jueces. Este gesto simbolizó un fuerte mensaje de alarma sobre la fragilidad del sistema judicial ante las reformas impuestas.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión del Tribunal Electoral, declarando el 26 de enero de 2025 que el nuevo proceso era un paso hacia la democratización del Poder Judicial. Sin embargo, este argumento fue rebatido por expertos constitucionalistas como Eduardo Ferrer, quien destacó que someter a los jueces a un sistema de elección popular politiza la justicia, comprometiendo su imparcialidad y eficacia. Por su parte, los partidos opositores denunciaron que esta medida representaba un retroceso histórico y una intromisión directa del Ejecutivo en el Poder Judicial.
Finalmente, el Senado, presidido por Gerardo Fernández Noroña de Morena, anunció que el sorteo para seleccionar a los candidatos a jueces se llevaría a cabo el 30 de enero de 2025. Esta decisión marcó un punto de quiebre en el sistema judicial, trivializando la selección de jueces y equiparándola a un acto de suerte en lugar de un procedimiento riguroso y meritocrático.
En conjunto, este conflicto representa una amenaza significativa para el Estado de derecho en México. Al debilitar la independencia judicial, se pone en riesgo la estabilidad institucional del país y se abre la puerta a la politización de un pilar fundamental de la democracia. Es crucial reflexionar sobre las consecuencias de estas decisiones y trabajar para restaurar el equilibrio y la legalidad en el sistema judicial mexicano.
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